Para muchos, el vocablo “trabajador migrante” connota imágenes de viviendas deterioradas y desvencijadas en rincones escondidos y aislados de las regiones rurales de los Estados Unidos. Algunas personas se imaginarán pequeñas chozas de madera con grietas en las paredes y los muros, mientras que otros visualizarán aguas residuales y químicos en áreas en donde juegan los niños o grandes garajes divididos en cuartos separados por sábanas que cuelgan del techo. La triste realidad es que muchos trabajadores migrantes y sus familias deben vivir en estas condiciones. Algunos de estos trabajadores se ven obligados a vivir dentro de sus automóviles, en granjas abandonadas y ¡hasta en silos!

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Por lo general existen dos lugares en donde un trabajador migrante puede hallar dónde alojarse. Además de viviendas en el mercado privado están los “campamentos laborales”, los cuales se encuentran en la propiedad de la granja. Es común que los empleadores rodeen estos campamentos con vallas altas con tal de prevenir que salgan los trabajadores y evitar que entren abogados y proveedores de salud. Las viviendas en estos campamentos suelen ser hacinadas e insalubres y carecen de objetos básicos, entre ellos inodoros, agua corriente y hasta electricidad. Muchos empleadores reducen los sueldos de sus trabajadores para cubrir el costo de estos campamentos.

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Dentro de estos campamentos, suele haber personas que monitorean las quejas y las actividades de los residentes y denuncian cualquier esfuerzo de formar sindicatos para exigir mejoras en las condiciones laborales y de vivienda. En vista de que los campamentos laborales en la mayoría de los estados no se encuentran bajo el marco legal que gobierna las relaciones entre los propietarios y sus residentes, los dueños pueden desalojar a los trabajadores con poco aviso previo, a veces de 24 horas (sobre todo cuando el empleador despide al empleado). La constante amenaza de desalojamiento acalla la mayoría de las quejas y obliga a los trabajadores a soportar las terribles condiciones tanto en su lugar de trabajo como en sus hogares.

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Entre 1980 y principios de los años 1990, el número de campamentos laborales permitidos en un estado cayó dramáticamente de más de 5.000 a menos de 1.000. Se calcula que los campamentos laborales de hoy en día pueden alojar a sólo un pequeñísimo porcentaje de los trabajadores migrantes en este país. Por consiguiente, muchos trabajadores ya no tienen la opción de vivir en estos campamentos y deben buscar su alojamiento en el mercado privado.

Los trabajadores obligados a hallar dónde alojarse fuera de las propiedades en donde laboran enfrentan grandes desafíos. Muchas zonas rurales carecen de viviendas económicas y decentes para tenientes de bajos recursos. Además, los terratenientes que buscan maximizar sus ganancias pueden decidir subir la renta durante la temporada de la cosecha puesto que saben que existe una cantidad limitada de viviendas. Debido a que los sueldos de la mayoría de los trabajadores se colocan debajo de la línea de pobreza, los migrantes suelen tener dificultades para pagar los depósitos iniciales. Muchos trabajadores no tienen acceso al crédito y no pueden quedarse durante un año entero en un mismo lugar, lo cual muchas veces es un requisito estipulado por los contratados presentados por los propietarios. Como resultado de esto, los trabajadores migrantes que deben alquilar viviendas en el mercado privado tienden a hacinarse dentro de espacios muy pequeños para bajar los costos del alquiler. Muchas familias se alojan en un solo apartamento y hasta diez hombres adultos se cobijan en unidades muy hacinadas.

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Algunos trabajadores migrantes no tienen ni la opción de vivir en los campamentos laborales ni de alojarse en el mercado privado. Éstos deben vivir a la intemperie o dentro de sus vehículos o edificios abandonados.

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El gobierno federal ha tomado pasos muy limitados para aumentar la disponibilidad de viviendas decentes y económicas. El Programa de Utilidades Rurales del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) coordina los programas de Sección 514 y Sección 516, los cuales les brindan préstamos y fondos respectivamente para comprar, construir, mejorar o arreglar las viviendas de trabajadores migrantes. Por desgracia, no existen fondos que vayan a la par de la gran necesidad de estas viviendas. En cuanto al alojamiento, al igual que otros asuntos relacionados a los trabajadores migrantes, es difícil hallar estadísticas exactas. Ahora bien, la mejor y más reciente información a nuestra disponibilidad indica que sólo existen viviendas adecuadas para 425.000 de los 1,2 millones de trabajadores agrícolas migrantes en toda la nación. Esto quiere decir que casi el 70 por ciento de los trabajadores simplemente no tiene buenas opciones en cuanto a su alojamiento. Pese a esta espantosa necesidad, los programas de Sección 514 y Sección 516 han creado sólo 33.839 viviendas desde la inauguración de este programa en el año 1962.